En 2021 y 2022, una parte de nuestra sociedad y los mercados estuvieron sumamente preocupados por el posible cambio de constitución impulsado por la izquierda radical. En ese tiempo, mencioné muchas veces -ganándome algunas enemistades- que la campaña para oponerse a una eventual asamblea constituyente era innecesaria. En ese momento, tenía varias razones para decirlo (que pueden ser vistas en detalle, aquí). Sin embargo, ahora me referiré específicamente al aspecto económico. Muchos creen que la C93 consagra un régimen “neoliberal” en lo económico y que el cambio de constitución supondría un cambio en la orientación económica de Perú. Esto no es del todo cierto, por los siguientes motivos:
- La C93 no es “neoliberal” (en más detalle, aquí); es una expresión de políticas ortodoxas del Banco Mundial. Por algo se llaman “Consenso de Washington”, son cosas obvias que no comulgan demasiado con ninguna ideología. Por ejemplo, abrir la economía al mundo es algo que habría que ser un talibán en lo económico para oponerse como principio. Por otro lado, es un consenso tan “mínimo” que admite cosas como la expropiación de los sueldos para dárselos en administración a empresas que subsidien el mercado de capitales peruano. Estemos o no a favor del “ahorro forzoso”, creo que nadie en su sano juicio diría que responde a una lógica liberal.
- La C93 -y el Consenso- deben ser ubicados en una etapa de la historia: USA post “crack” (New Deal); la caída del Muro de Berlín; y, la transformación de cualquier democracia o república liberal (o que pretenda caminar en ese sentido) hacia un “estado regulatorio”. En corto, el Consenso no pretende crear un mundo soñado por Milton Friedman, sino adaptarse al modelo único occidental: empresas mayormente privadas, mercados relativamente abiertos, pero una fuerte presencia regulatoria por parte del Estado (mayor información, aquí).
- Finalmente, el “estado regulatorio” está desbordado. El mayor riesgo de nuestros países (fuera de la amenaza castro-chavista) es que el estado regulatorio devenga en (o sea indistinguible de) un estado socialista. Esto ha sido recientemente destacado en Davos no solo por Milei sino por Julio Velarde, tal como destaqué hace semanas en El Comercio (aquí). La reciente regulación de precios en el mercado financiero (y la amenaza de más regulaciones de este tipo) son un claro indicativo de lo dicho. Y claro, dicho riesgo no lo generan ideólogos comunistas, sino populistas y empresarios mercantilistas.
En breve, la C93 no requiere ser cambiada por una de corte socialista para arrastrasnos a una economía estatizada, sin competencia, con escasez. Basta con el desborde del estado regulatorio, que ahora pretendemos detener con “calidad regulatoria”, lo cual es un despropósito.
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