Hace tres años, una de las preocupaciones de la economía era el riesgo de que no hubiera la suficiente reserva de energía eléctrica para atender la demanda. Hoy, ese panorama ha cambiado. No solo en el caso de la producción eléctrica, sino también para los combustibles, la producción de hidrocarburos y, de manera particular, en el caso del gas natural.
Desde que a fines del año pasado, el Banco Central de Reserva pusiera en agenda la preocupación por el incremento de las tarifas eléctricas en momentos en que hay sobreoferta, el tema ha ganado presencia en el debate, tanto por su impacto en la inflación, como por lo que significa para las actividades productivas.
Un ejemplo es el sector industrial, que considera que está perdiendo competitividad por las mayores tarifas. Por cierto, estas seguirán subiendo, dado que dependen de la evolución del tipo de cambio, según los contratos firmados con las empresas.
A lo anterior hay que agregar que al interior del sector existe una guerra de precios entre los principales jugadores, cuyo final tiene pronóstico reservado.
Por el lado del sector de hidrocarburos, la preocupación está centrada en el impacto de los precios de los combustibles en el costo de vida. Pero no solo eso, sino que esta situación refleja la inadecuada política que se tiene con Petroperú, que hasta el momento no ha trasladado suficientemente la reducción de la cotización de los derivados del petróleo que importa a los precios internos.
Además, todo esto ocurre cuando nos encontramos en el peor momento de la producción petrolera de los últimos 20 años y casi sin expectativa de tener éxito en algún pozo exploratorio, ya que casi no se está trabajando en ninguno. Pero como las malas noticias a veces no llegan solas, también se debe sumar la problemática del gas .
Por un lado, tenemos que en los últimos cinco años casi se han bloqueado los esfuerzos para expandir las reservas de gas natural, a través de la perniciosa tramitomanía. Por otro lado, aún no se concreta el financiamiento para el Gasoducto Surperuano y más bien cada vez hay más voces que cuestionan, no la necesidad de la obra, pero sí las condiciones en las que se otorgó la concesión. Las objeciones ya no solo vienen de los analistas, sino también de los candidatos presidenciales, a tal punto que ya algunos de ellos hablan de renegociar el contrato.
Justamente, si de renegociación hablamos hay un tema pendiente por resolver a raíz del fallo del Ciadi sobre los precios de exportación y los marcadores internacionales. Además, se encuentra también en agenda cómo afrontar la mayor demanda de GLP y atender las necesidades del sur, ya que en Quillabamba aún se sigue pagando un mayor precio por el balón de GLP que en Lima, pese a encontrarse en dicha zona el yacimiento de Camisea. Esta cuestión sigue siendo usada como caldo de cultivo para cuestionar que los beneficios del gas no llegan a todos.
Todo este panorama, por supuesto, no es tratado con una visión de conjunto por los candidatos presidenciales, tan solo de manera aislada. Si no se asumen en su integridad las soluciones habrá el riesgo de un cortocircuito, ya que se presentarán soluciones que tan solo serán parches y, por lo tanto, los problemas persistirán.
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