Esta semana se inicia el debate de la solicitud de facultades del Ejecutivo en las comisiones del Congreso. La principal batalla estará referida a las modificaciones que planea realizar el Gobierno en el IGV y en el Impuesto a la Renta.
Por el momento, las críticas han prevalecido, poniendo la puntería en la poca conveniencia de reducir en un punto porcentual la tasa del IGV para el 2017. Sin embargo, el paquete tributario va más allá de dicha rebaja, pues tiene otros planteamientos para coadyuvar a la formalización de la economía, principalmente de las pequeñas y microempresas. Mucho hay que decir sobre estas propuestas.
En primer lugar, hasta el momento, el ministro de Economía no ha podido convencer a sus críticos de las bondades de sus propuestas. No solo al interior del Congreso, sino también a los analistas. El debate de las facultades es una buena oportunidad para que el MEF presente, en detalle, las sumas y restas del impacto de las medidas que quiere implementar. No basta con señalar que la recaudación subirá en dos puntos porcentuales en los próximos años. Se requiere más que eso para convencer, no solo a los congresistas, sino también a los agentes económicos, de los beneficios de las propuestas.
Por ejemplo, en la encuesta que hoy presentamos de Pulso Perú, si bien el 69% está a favor de bajar el IGV, solo el 35% considera que una reducción en los impuestos disminuirá la informalidad.
Y es que la lucha contra la informalidad no solo es un tema tributario, sino también implica atacar el frente de la legislación laboral y la simplificación de los trámites que afrontan las pymes y microempresas. En las últimas, los esfuerzos para formalizar han sido infructuosos. El último intento importante se hizo cuando Luis Carranza era ministro de Economía, pero los cambios legislativos nunca terminaron de implementarse en su totalidad. Además, los regímenes tributarios que se dieron para el segmento de las pequeñas y microempresas tampoco resultaron atractivos. Los resultados del RUS y el RER así lo demuestran.
En la presentación realizada por el ministro Alfredo Thorne ante la Comisión de Economía, dio algunas pinceladas de la problemática que se debe enfrentar, pero aún no quedó lo suficientemente claro que las
medidas tributarias que planea llevar a cabo vayan a significar la reducción de la informalidad a tal punto que para el 2021 se alcance una tasa de 60% de formalidad.
La preocupación no solo debe ser la menor recaudación. No tenemos dudas de que, habiendo varios economistas en el Gabinete -incluido el presidente-, se mantendrá el compromiso de no poner en riesgo la estabilidad fiscal, pero lo principal es lograr que los objetivos de la reducción de la informalidad y de reactivación de la economía se cumplan. Sobre eso, las dudas todavía no han sido despejadas.
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