La semana que pasó, el MEF confirmó que el crecimiento se desaceleró durante el tercer trimestre. Mientras tanto, se inició el proceso para determinar si se establece prisión preventiva a Keiko Fujimori y a varios de sus colaboradores, solicitada por la Fiscalía en el caso de lavado de activos.
Pero mientras discurre la coyuntura, es necesario no olvidarse de algunas reformas que no son prioridad para el Gobierno, y mucho menos para las diversas agrupaciones políticas de la oposición.
Por ejemplo, con ocasión de una invitación de la Embajada de Chile en el Perú tuve la oportunidad de conversar con diversos funcionarios del Gobierno del vecino país del sur. Una de las principales conclusiones fue la importancia que dicho país le otorga, no de ahora, sino desde hace varios años al funcionamiento del aparato estatal. No se trata de calco y copias de recetas, pero sí de reflexionar que hay emprendimientos de políticas públicas, que se han vuelto lugares comunes de tanto mencionarlos y de solo obtener como resultado la frustración al no verlos concluidos.
Un caso es la ley Servir y su implementación. Tal como mencionamos en su oportunidad, fue una de las políticas que más empeño puso el Gobierno de Humala, pero que se quedó en el camino y luego a partir de Pedro Pablo Kuczynski desapareció de la agenda. Servir como organismo público quedó más vinculado a organizar cursos de capacitación que a poder concretar la transformación del aparato estatal.
Es cierto que varias instituciones presentaron su plan de trabajo para iniciar el proceso establecido por Servir, pero el costo del mismo ha hecho que poco o nada se haya avanzado. Distinta es la situación en Chile, pues en las reuniones con ministros y funcionarios queda claro que, más allá de compartir o no sus propuestas, hay una visión de conjunto, un nivel de preparación y compenetración con los objetivos que cada Gobierno se fija al llegar a La Moneda. Evidentemente, también hay dificultades, pero se percibe que hay mayor valoración de la institucionalidad que en otros países de la región, como el Perú.
Será por eso que el nivel de competitividad en el Perú anda muy retrasado, al punto tal que desde el 2016 todavía no hay un funcionario nombrado para hacerse cargo del Consejo Nacional de Competitividad, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la importancia que se da en el actual aparato estatal a temas de mediano y largo plazo.
Repensar el Estado significa no solo el retorno a la bicameralidad sino evaluar el resultado del proceso de descentralización –no tanto para volver al pasado– sino para corregir varios procesos del mismo. También significa no quedarse en el número de personas que conforman el Estado sino en poner el foco en la calidad y en que se pueda atender a la ciudadanía, lo cual por cierto aún para servicios básicos está lejos de cumplirse. El cambio de autoridades regionales y ediles a partir de enero del 2019 puede ser la oportunidad para iniciar cambios y recuperar –con los ajustes que sean necesarios– el rol de Servir.
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