Hoy se inicia una nueva edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos, una cita empresarial que este año no solo concita interés por los temas que se tratarán, sino sobre todo por la coyuntura en la que se realizará.
En un esfuerzo por tratar de hacer evidente su compromiso para combatir la corrupción corporativa, CADE lanzo el año pasado el programa “Cero Sobornos” a través de la asociación “Empresarios por la integridad”, el cual busca que las compañías se sometan voluntariamente a un proceso de certificación, que permita conocer qué tanto están preparadas para evitar el soborno. La última información conocida da cuenta que solo tres firmas lograron la certificación y nueve más están en camino. Pero sin duda el Perú cuenta con más de doce empresas. Sería grato que un año después se conozca en Paracas que el interés por la certificación aumentó de manera importante.
Cuando desde fines del 2016 el caso lava Jato mostró el nivel de corrupción al que podía llegar el sector estatal y privado en el Perú, más de un ejecutivo y asesor empresarial pensó que bastaba con el compliance para luchar contra este flagelo. Sin embargo, ni el compliance u ofrecer perdón bastan, pues son opciones que no generan suficiente confianza.
La sociedad exige acciones y no solo palabras. Pero sobre todo considera clave el reconocimiento de la culpa y quizás allí radique el problema. La realidad demuestra que a veces cuando se detenta cierto poder las personas se vuelven miopes, no reconocen la naturaleza de sus acciones y, lo que es peor, tampoco aceptan consejos o sugerencias. Mientras no se acepte que se cometió un error, que hubo actos de corrupción, entonces no se podrán adoptar las medidas correctivas que son necesarias para comenzar a superar los problemas y entrar en una senda de transparencia.
Mas de una compañía, a pesar de lo sucedido, todavía mantiene prácticas nocivas, y si bien no se trata de hacer un listado para que sean flageladas públicamente, si se requiere que asuman la responsabilidad que les corresponde. La corrupción tiene dos caras: una pública y una privada, y no se podrá avanzar como país si no se reconoce que hay corrupción empresarial y se adoptan acciones para superarla.
En este reconocimiento deben participar los gremios, pero de una manera más activa como ya advertimos la semana pasada en nuestro editorial (Gestión 20.11.2019). Si bien varios de ellos tienen comités o grupos anticorrupción, más allá de saber cuándo se reúnen, se desconocen los resultados que consiguen. Lo mismo sucede con los comités de ética que muy pocas veces informan de las sanciones a los agremiados
El mundo cada vez reclama nuevas formas de representación política. Quizás es el momento que los gremios empresariales asuman el reto del cambio, que puede implicar también el cambio de rostros. No se trata solo de incorporar a nuevas empresas de todo tamaño —como han empezado a realizar algunos gremios—, sino que la participación de todos los asociados sea visible y no desigual.
Como lo ha dicho el presidente de la CADE 2019, “el empresario que hoy no deslinda de la corrupción está apagando una voz que no debería ser apagada”. A partir de hoy se presenta otra oportunidad para enmendar rumbos. Los retos que vive el país requieren un deslinde claro y, sobre todo, una praxis a favor de la transparencia.
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