En 14 días se llevará a cabo la segunda vuelta electoral y su resultado será el más decisivo, como nunca, de los últimos 21 años. Y si bien ya estaba previsto que el gobierno elegido no recibirá un lecho de rosas, se encienden nuevas luces que advierten que la situación se complica aún más. El último informe que acaba de dar a conocer la agencia Moody’s cambia la perspectiva de la calificación del Perú de estable a negativa, aunque se mantiene en A3.
La agencia explica que su decisión obedece al entorno político más polarizado y al deterioro institucional. Este último problema se ha vuelto crítico, pues Moody’s y otras calificadoras de riesgo lo vienen advirtiendo desde hace varios años. Sin embargo, cayeron en saco roto y, de manera complaciente, los gobiernos de turno prefirieron quedarse satisfechos con la fortaleza de los indicadores de la política macroeconómica, en especial de la política fiscal.
Hoy que se enfrenta el riesgo de que se vuelva a políticas económicas del pasado que ya demostraron su fracaso – a la luz de la propia experiencia peruana de los años 70 y 80 y de casos como los que hoy viven Venezuela y Argentina- es necesario poner similar énfasis al que se aplica al desempeño macroeconómico, como son los indicadores sociales, de educación y de salud. Justamente en la política social, Moody’s señala que los riesgos latentes están asociados a las demandas de segmentos sociales que exigen cada vez más, mejores servicios públicos, lo que termina alentando políticas populistas en ausencia de resultados tangibles, lo cual estamos viviendo con el comportamiento del actual Congreso y el proceso electoral. Precisamente esta preocupación es la que viven los estratos socioeconómicos D y E, y ahora también la población vulnerable y que dejó de ser clase media.
El informe de Moody’s se da en momentos críticos, con un comportamiento de incertidumbre de las empresas y los consumidores. En el interior del país una reciente encuesta del Banco Central, entre las 258 principales compañías que operan en el interior del país, revela que las expectativas se encuentran en su tramo pesimista para los próximos tres y 12 meses. Y si bien, se registra un rebote de la economía este año, para el 2022 no hay el mismo optimismo en las proyecciones a la luz de los resultados de la segunda vuelta. Sobre todo si la improvisación prevalece, como en el caso de la candidatura de Perú Libre o no hay más esfuerzo de Fuerza Popular por exponer sus propuestas. Es indudable que los electores reclaman cambios -sin que signifiquen tirar por la borda lo avanzado- y por ello se requiere ser explícitos en los planteamientos.
Cada elección desde el 2001 realizamos reflexiones similares, pero tras finalizar el proceso pasan al baúl de los recuerdos o ahora a la plataforma de la nube, para hablar en términos de transformación digital. En los próximos 14 días los que dejen de ser indecisos pueden marcar el rumbo del país para los próximos años. Es momento de priorizar las tareas y una de ellas no es elaborar una nueva Constitución. Hay otros retos que son más urgentes. Por ejemplo, más que ampliar el rol del Estado en la actividad económica, se requiere que funcione en las tareas que ya tiene.
Posdata: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP cumple 90 años, a través de los cuales realiza un rol relevante para el desarrollo del país. Como toda institución, tuvo altibajos, pero el balance de las nueve décadas es positivo. Acostumbrados a cuestionar la ineficiencia del Estado, es necesario también reconocer la labor que realizan algunas entidades públicas.
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