El pasado 29 de octubre fue designado el general EP (r) Jorge Luis Chávez Creata, como viceministro de Hidrocarburos encargado – simultáneamente es el viceministro de Minas titular con los resultados ya conocidos-. Desde entonces, el actual ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, no ha podido designar a un titular. Como sostuvimos en esta columna semanas atrás, la carga recae en el director general de Hidrocaburos, Erick Portugal, tal vez el único funcionario de más alto rango en el Minem con conocimiento del sector.
González asumió el ministerio en reemplazo de Iván Merino y anunció que el encargo del presidente Pedro Castillo era reorganizar el ministerio. De lo que se conoce, poco se puede comentar sobre ese objetivo. En la actividad de hidrocarburos el pasado 8 de diciembre en un foro petrolero de Houston, González Toro anunció cambios en el modelo de regalías que iban a variar en “función de los precios y las zonas” de explotación, añadiendo que se contemplaba aplicar menores regalías para campos petroleros maduros. Desde entonces se desconoce sobre algún avance, salvo una reunión del presidente Castillo con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, cuyo gremio salió entusiasmado a la luz de las declaraciones que hicieron sus representantes. ¿ Pero algún adelanto concreto del Minem? o ¿un plazo fijado para presentar el proyecto al Congreso? Nada. Y eso que el ministerio considera reabrir las subastas el próximo año y el debate en el Congreso de las posibles modificaciones y la labor de promoción para atraer postores toma tiempo.
En cambio, el Gobierno ha puesto mucho empeño en impulsar Petroperú, pero sin transparencia y con operaciones sospechosas que están bajo investigación. Además, hoy la petrolera estatal retornará a la actividad de explotación en el lote I en Talara y en enero se preparara para asumir el lote 192, aunque en este caso se desconoce -para variar- la empresa que será el socio estratégico, tras la controversia surgida con la canadiense Altamesa seleccionada por el directorio anterior. Todo, por cierto, sucede con una política pasiva del directorio de la empresa que dirige Mario Contreras, que mantiene en el cargo al actual gerente general, Hugo Chávez Arévalo, pese a los cuestionamientos e investigación que pesan sobre él. Y la cereza de la torta es la intención de que Petroperú se haga cargo del proceso de masificación del gas anunciado en varias regiones. Luego de los sucesos de la anulada licitación de biodiésel es de esperar que el Congreso intervenga. Más aún cuando hay 98 contratos reservados firmados por Petroperú durante el gobierno de Castillo, tal como reveló La República. En parte son los consecuencia de haber excluido a la petrolera del ámbito del Fonafe y el deseo a cualquier precio de que retome protagonismo.
En realidad es una quimera que el Congreso tome cartas en el tema, pues la vez que se presentó el pasado 14 de diciembre el presidente del directorio en la Comisión de Energía del Congreso casi no enfrentó ninguna pregunta cuestionadora. Es decir, poca labor fiscalizadora, quizás por desconocimiento de los parlamentarios. Además hasta el momento no se debate el proyecto del Ejecutivo enviado para poner en marcha la masificación del gas y no merece mayor atención del oficialismo en el Congreso ni del Gobierno para que sea discutido.
Mientras tanto, la comisión que lidera la titular de la PCM para la masificación del gas y la renegociación del contrato de Camisea tiene plazo hasta fin de mes para presentar su informe, pero desde hace semanas no cuenta con Secretaría Técnica, pues renunció irrevocablemente el presidente de Perupetro. En suma, es muy difícil llamar política de hidrocarburos a las acciones del actual Gobierno. Por último cabe preguntarse, ¿si acude hoy el presidente Castillo a Talara estará en la tribuna oficial el gerente general de Petroperú?
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