El número de organizaciones que ha reportado ser víctima de fraude a nivel global ha venido en aumento en los últimos años. De acuerdo con el Global Economic Crime and Fraud Survey de PwC de 2018, la cifra ha crecido en 13% en los últimos dos años, y una de las principales consecuencias es el incremento en el presupuesto destinado al plan para prevenir y combatir estas situaciones. Este planeamiento debe estar totalmente alineado con el avance de la tecnología, así como las nuevas formas de hacer negocios, para de esa manera combatirlo a la altura de la potencial forma en que éste se configure y manifieste.
De manera complementaria, las empresas están optando por implementar y/o reforzar otros controles preventivos como canales de denuncia a disposición de todos los grupos de interés y la concientización a todo nivel organizacional.
Sin embargo, para que estos planes de prevención funcionen, es importante tomar conciencia que el fraude perpetrado en las organizaciones tiene varias modalidades, que van desde la malversación de activos hasta el cibercrimen. Además, también existe el fraude llevado a cabo por los consumidores, el fraude contable (que ya vimos en una publicación anterior de este espacio), el lavado de activos y la corrupción, entre otros.
Un acto de fraude puede darse de forma interna o externa. De acuerdo con lo reportado por las organizaciones encuestadas, el primer caso, en el que el delito es perpetrado –el mayor número de veces- por alguien perteneciente a la compañía, ha mostrado una tendencia hacia el crecimiento, respecto a años anteriores.
En el segundo escenario, se reporta que los actores involucrados son de naturaleza muy cercana a las empresas a las que atacan. Es decir, en algunos casos son sus intermediarios directos e indirectos, consultores, proveedores y clientes, entre otros; lo que convierte a este en uno de los puntos más sensibles debido a la poca visibilidad que las organizaciones tienen sobre ellos.
Sin la menor duda, una de las consecuencias más significativas es la pérdida económica que tienen que asumir las compañías víctimas de estos eventos, lo cual en muchos casos representa un golpe difícil de superar.
No obstante, no todas las pérdidas generadas por el fraude son de naturaleza económica o adoptan la forma de una sanción impuesta por el regulador. En esta era de transparencia radical, las empresas no deciden cuándo un problema se torna en crisis. Hoy en día eso es potestad de la opinión pública, la cual juzga y sanciona con mayor velocidad y dureza que cualquier regulador.
A diferencia de una sanción impuesta por un regulador o tribunal administrativo o jurisdiccional, la proveniente de la sociedad no se encuentra limitada a una jurisdicción, ley o debido proceso; por lo que un hecho de fraude podría dañar a la organización frente a sus consumidores en diversos puntos del mundo de manera simultánea, con un impacto más significativo que las simples pérdidas económicas.
El escrutinio social no es un fenómeno aislado a los mercados desarrollados, diferentes culturas en el mundo muestran signos de convergencia alrededor de estándares de transparencia y expectativas de conducta. En naciones con un nivel de transparencia débil se ha visto protestas en las calles, así como políticos y empresarios encarcelados.
Ciertamente, ninguna organización está exenta y si bien un acontecimiento de este tipo puede tener serias repercusiones, también puede convertirse en una oportunidad para poner a prueba los sistemas implementados y hacer mejoras. En ese sentido, contar con mecanismos, como un Programa de Prevención de Fraude, es un gran activo que permite evitar o mitigar las consecuencias económicas de tales situaciones y ahuyenta los efectos reputacionales negativos, que son quizá el mayor condicionante a la sostenibilidad y supervivencia empresarial. Ya lo dijo Napoleón Bonaparte: “Una gran reputación es un gran ruido: cuando más aumenta, más se extiende; caen las leyes, las naciones, los monumentos; todo se desmorona. Pero el ruido subsiste”.
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