Hace unas semanas, el congresista Javier Velasquez Quesquén propuso crear un órgano regulador del precio de los “medicamentos básicos para enfermedades de mayor incidencia, gravedad y de alto costo…”
¿Cuáles son esos medicamentos? Si tuviéramos que analizar la frase, prácticamente todos. ¿A qué se refiere con enfermedades graves y de alto costo? Al Cáncer, a la Fibrosis Quística, a la Leucemia, al Parkinson, y a todas las enfermedades raras o huérfanas que ya de por sí hoy son mal atendidas. ¿A qué se refiere con enfermedades de mayor incidencia? A todas las demás.
Es decir, el sagaz congresista de la estrella aprovechó un evento coyuntural (la compra en febrero de una cadena farmacéutica) para proponer una ley que podría alterar la totalidad del mercado de medicamentos y afectar a todos los peruanos.
Pero eso no es todo. Ayer, Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley en el que con otros matices, propone lo mismo. Lo interesante es que Becerril, generoso en declaraciones agresivas pero egoísta en proyectos de ley relevantes, ni siquiera tuvo coyuntura que lo apoye, simplemente se colgó del tema que su colega había levantado. Hace falta “Ubicaína”.
Controlar precios suena simple pero no lo es, y la experiencia demuestra que esta estrategia generalmente fracasa. Sin embargo, lo más grave es que nuestros congresistas se están acostumbrando a proponer leyes que no tienen ningún asidero en la realidad.
Veamos. Ninguno de los dos congresistas menciona o explica que el “mercado” de medicamentos tiene como principal actor al Estado, sus establecimientos de salud y su sistema de compras (Según CpR EsSalud y MINSA concentran el 96% de las compras de medicamentos).
Ninguno de los congresistas menciona o explica que la mayoría de peruanos no compra sus medicinas en una cadena farmacéutica, lo hace principalmente en los hospitales del Estado (8 de cada 10 unidades se vende en establecimientos de salud públicos).
Lo que tampoco mencionan o explican estos padres de la patria es que la falta de acceso a medicamentos, que se da principalmente en el sector público, no se debe a falta de recursos, sino a la ineficiencia en el gasto. A mayo del 2017 (El Comercio), apenas el 1,2% de los hospitales e institutos de salud públicos presentaba un nivel óptimo de disponibilidad de medicamentos.
Ni siquiera hay que hablarles de Venezuela o de las antiguas empresas estatales peruanas. A ellos no les interesa la historia. Tampoco les interesa Venezuela. Menos los datos. Solo hay que pedirles un mínimo de contacto con la realidad para que entiendan que el supuesto remedio que recetan (controlar los precios), será peor que la enfermedad que buscan curar (falta de acceso a medicamentos).
Primero que hagan algo para que la evaluación de medicamentos sea transparente e incluya a la ciudadanía. Hoy el Petitorio Nacional Único de Medicamentos – PNUME se elabora a puertas cerradas. Luego, que creen un órgano centralizado de compras para que el dinero se use de forma eficiente; este órgano podría negociar con los laboratorios de forma transparente, como ocurre en Francia. En tercer lugar, que no solo compren pensando en el precio, sino pensando en la seguridad, eficacia y calidad del medicamento, como ocurre en Chile, Brasil, o Uruguay.
Hace falta “Ubicaína”. Si realmente les preocupa el derecho a la salud de los peruanos, que pongan sus ojos en los más pobres. Que trabajen por las reformas más profundas en vez de dedicarse a la rentable actividad populista de atacar al empresariado o al libre mercado.
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