Síntesis legislativa

José Ignacio Beteta Bazán

Antenas y Calidad: Binomio inseparable

El servicio de telecomunicaciones ha tenido un gran avance desde que se presta bajo el esquema de libre competencia. El aporte de las operadoras al PBI peruano ha crecido exponencialmente y la llegada de nuevas empresas ha generado un mercado con mejores precios, calidad y cobertura.

Y dicho avance debería ser más rápido. En primer lugar, porque cada vez más peruanos se conectan a Internet para estudiar, trabajar, o producir (el 30% de los hogares peruanos ya tiene más de un dispositivo móvil, y 2 de cada 3 hogares ya cuentan con un smartphone). Y en segundo lugar, porque de esta conectividad depende el urgente e inexorable progreso tecnológico del país.

Sin embargo, no hay conectividad sin infraestructura, y esto es algo que muchos no entienden. Es más, por alguna extraña razón (irracional a todas luces), el peruano promedio cree que puede disociar el binomio infraestructura – calidad, como si pudiera prescindir de las antenas pero igual reclamar un mejor servicio.

Por ello, nos ha causado mucha preocupación el comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (08/07/18) en el que se aborda el tema de la Infraestructura pasiva de Telecomunicaciones y se afirma: “entendiendo la problemática (…) el MTC viene trabajando en una modificación de los requisitos contenidos en el reglamento (…) con la finalidad de asegurar que las municipalidades tengan la oportunidad de opinar de manera previa respecto al plan de obras.”

¿Por qué es preocupante darle esta capacidad de “opinar” a los gobiernos locales? Para empezar, porque la Ley de Telecomunicaciones ya prevé que la municipalidad opine y luego apruebe la instalación de una antena, solo si la empresa cumple con todos los requisitos previstos e incluidos en el FUIT – Formulario Único de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones. La famosa aprobación “automática” no lo es en sentido estricto. La empresa debe consolidar un expediente, la municipalidad realiza un análisis previo, y debe finalmente fiscalizar el cumplimiento de la ley.

Pero, por otro lado, salvo contadas excepciones, en la práctica los municipios tienden a bloquear en vez de promover el binomio infraestructura – calidad (así como bloquean prácticamente cualquier otro negocio). Muchos de ellos no han regularizado aún sus procedimientos de autorización, adecuación y ampliación del plazo de vigencia de la infraestructura de telecomunicaciones. Otros ponen barreras ilegales que tienen que ver con la ubicación, la zonificación, y la propiedad del lugar. Y otros simplemente paralizan obras debido a presiones sociales injustificadas, o aumentan requisitos que la Ley no contempla.

Entonces, ¿tiene sentido darle más poder y excusas a las autoridades distritales para que sigan desincentivando la instalación de antenas?

Ninguno. Pero como el cangrejo, este gobierno retrocede a presiones intrascendentes, basadas en mitos o intereses políticos locales, regalándonos un ejemplo más de cómo sus iniciativas regulatorias generalmente carecen de sustento. Lo mismo pasa con Agrobanco. Lo mismo pasa con la legislación laboral. Lo mismo con los octógonos sin éxito en Chile. Lo mismo pasa con varios otros temas.

La conectividad no cae del cielo. El binomio infraestructura – calidad, puede ser invisible, pero no se puede romper. Y si bien la responsabilidad directa recae en el funcionario que crea regulaciones tóxicas, la responsabilidad principal es del vecino que alimenta el populismo del funcionario local, bloqueando la instalación de antenas sin razón relevante, pero aún así exigiendo cobertura y calidad para su teléfono. Falta educar y sensibilizar a la población y esa es tarea del MTC. Que no quite el cuerpo. Se la quiere llevar fácil.

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