En diciembre del 2017 escribí un post sobre este tema, que tenía que ver con los riesgos que amenazaban la continuidad de la lucha anti-corrupción, incluyendo diversos aspectos, entre ellos algunos poco familiares para no especialistas en gestión de riesgos. A la luz de los últimos acontecimientos me parece oportuno recordar algunas cosas escritas entonces, porque visiblemente, seguimos cuesta abajo como los últimos indicadores internacionales en cuanto a institucionalidad, y en temas como calidad del sistema judicial, lo muestran: nuestro país forma parte de los peores en el Mundo al respecto, y estamos entre lo peor de América Latina; si las notas-país se basaran en esos criterios, estaríamos lejísimos de nuestro grado de inversión, con una nota al límite de la quiebra.

Los que creen que esto no afecta a la economía se equivocan: nos lo han recordado hace poco la Sociedad Nacional de Industrias y el Presidente del BCR. El problema está sobre todo en la atractividad del país como plaza para la inversión de largo plazo, no aquella de corto plazo o puramente financiera. Muchas empresas sencillamente no invierten en el Perú porque lo consideran una especie de “far west” en el aspecto judicial, una jungla donde cualquier cosa puede pasar, por eso se nos escapan tantas sedes regionales o centros regionales de producción, a pesar de nuestra excelente ubicación y otras ventajas. El caso de las empresas extractivas que siguen invirtiendo en el Perú no puede ponerse como ejemplo en contrario: estas están acostumbradas, en el marco de carteras de proyectos diversificadas, a lidiar con riesgos país elevadísimos, y hasta con ambientes muy hostiles. Y no debemos olvidar tampoco que lo que también es frenado por la enorme incertidumbre jurídica que nos caracteriza, es la inversión nacional, tanto grande como pequeña; la SNI ha sido muy clara al respecto.

El Ministro de Economía Carlos Oliva ha insistido recientemente en la importancia de la tasa de crecimiento potencial, que tiene que ver con lo que se puede crecer en el mediano y largo plazo, y que en nuestro caso se ha reducido. La corrupción ha tenido que ver mucho con esto, que afecta la sostenibilidad de largo plazo del país. Es obvio que la capacidad de crecer sería mucho más alta sin la omnipresencia de ese pesado lastre, que comparativamente, a nivel internacional, nos ubica más bien en el Quinto Mundo. Si no logramos aumentar ese crecimiento potencial, y crear empleos de calidad al ritmo necesario, vamos a terminar convirtiendo nuestro “bono demográfico” en “pesadilla demográfica”. No olvidemos que hay demasiados indicios de que el nivel real de pobreza en el país es más elevado de lo que indican las estadísticas oficiales (hemos progresado muchísimo, es innegable, pero no tanto como demasiada gente quiere creer).

Tenemos también demasiados indicios de que la inestabilidad política es una amenaza cada vez más presente, sobre todo con una desconfianza en las instituciones que sigue creciendo; ha ido creciendo el hartazgo con la corrupción al punto de que muchos ya se han ido olvidando de los progresos económicos alcanzados. Estuve varias veces en la Venezuela de los años 90 por trabajo y ya se sentía un enorme hartazgo y las encuestas de 1990 ya decían que para la gente el mayor problema del país era la corrupción; el hartazgo creciente con la corrupción y la falta de oportunidades para tantos jóvenes, amén de terribles desigualdades, llevaron a que mucha gente terminara votando, por desesperación y/o exasperación, por un hábil y carismático demagogo decidido a instalar progresivamente una dictadura marxista-leninista que está ahora en fase de consolidación con su sucesor (por si no lo saben, para ese tipo de regímenes, el fracaso económico absoluto en realidad los ayuda muchísimo: sirve para muchas cosas en cuanto a la consolidación del poder; será un tema para otro post sobre análisis de riesgo país) .

Que Venezuela esté ahora mucho peor y con más corrupción aún viene poco al caso, lo que cuenta es cómo se siente la gente en un momento dado. Creer que ese tipo de voto no podría producirse en el Perú se ha vuelto ahora bastante iluso con el acelerado deterioro del último par de años. Lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años con los temas de la corrupción, y de la inseguridad, que, en realidad, le es muy relacionada, va a ser decisivo. Lo más terrible y a la vez esperanzador en todo esto, es que, contrariamente a la Venezuela de entonces, que parecía hundirse de manera irremediable en el fango con una dirigencia política totalmente ciega y suicida, también hay signos de que, con un buen liderazgo extremadamente comprometido, que le permita a la gente creer y sentir que se está luchando de verdad contra la corrupción, sí se puede salir de esa pendiente cuesta abajo.

La observación fría, con un enfoque de gestión de riesgos, de lo ocurrido en las últimas semanas, e incluso días, me hace pensar que la “correlación de fuerzas” (cínica expresión de origen marxista-leninista pero que tiene la ventaja de una cruda lucidez en el análisis) sigue actualmente, en realidad, a favor de los que no quieren que la situación real cambie, aunque parezcan hacer concesiones, las reacciones iniciales ya se dieron y han servido para revelar no sólo quién está de qué lado, y no es difícil ver quién tiene el poder real actualmente. Lo siento para los que se entusiasmaron con la remoción del CNM, pero esto todavía se parece a un partido de fútbol de “ida y vuelta” pero donde hay un equipo que está dominando claramente, aunque le hayan metido un par de goles. Además tiene la ventaja de contar con mucha gente que no logra enfrentar la realidad (algo así como los comunistas que no lograban asimilar la realidad de los destapes sobre la URSS) y se ha auto-creado un mundo paralelo virtual donde habría una “gran conspiración caviar”, mezclando a gentes en realidad muy diferentes y hasta enfrentadas entre sí; sólo falta añadir a la lista de “conspiradores” al excelente Gobernador Cillóniz, por sus valientes denuncias, y a Jaime de Althaus con su reciente artículo en Lampadia sobre cómo acabar con las redes mafiosas (pone acertadamente el tema en una perspectiva más global; efectivamente el tema de la corrupción judicial no puede aislarse de otros factores institucionales que la favorecen y potencian). Y a un obvio “electrón libre” como nuestro “permanente indignado gruñón” el Sr. Hildebrandt. Parafraseando el agudo análisis del art. 58 del Código Penal Soviético de 1927 efectuado por Aleksandr Solzhenitsyn, los dos primeros serían por lo menos cómplices de la conspiración golpista caviar por no haberla denunciado (cuando el Gobernador fue chantajeado, o sea, desde antes de los audios sabía que había una conspiración caviar en marcha) y hacer propuestas que “huelen a caviar”, ergo en realidad serían caviares infiltrados de larga data; y al último, vista su soledad, se le puede aplicar el criterio de que “ha conspirado consigo mismo”.

Este es un tema donde las simpatías políticas no deberían importar, pues la lucha anti-corrupción sincera (no la selectiva que tanto se ve, ni la que es “pura finta” con el objetivo de licuarla después) no es ni de izquierda ni de derecha, entonces debería unir a todos; que haya gente con agendas de otro tipo y aprovechando el momento siempre será inevitable.

Tomando en cuenta la situación real, vuelvo a repetir una vez más la propuesta hecha en diciembre del 2017:

“finalmente, frente a lo que llamaría las “amenazas institucionales externas”, repito lo que he planteado en el post sobre la corrupción y el riesgo país. Y lo hago planteándolo desde la perspectiva de la gestión del propio riesgo país. Lo que estamos viviendo actualmente, a partir de Lava Jato obviamente, pero además de los trastornos provocados por la incapacidad de nuestro país de adoptar reglas de financiamiento político que no dejen el más mínimo espacio al dinero sucio o “interesado”, es una crisis de altísimo calibre, que nos está haciendo retroceder en varios indicadores internacionales, y está afectando a la inversión nacional privada y pública y a toda la institucionalidad política. Esto está alcanzando niveles en que ya no se puede estar seguro de que nuestra reconocida solidez fiscal, algo amenazada por diferentes factores, sea suficiente para que mantengamos nuestras buenas notas de deuda soberana. Estamos frente a una verdadera crisis de la calidad de nuestro riesgo país, lo que observadores externos sí están notando, y que en el Perú se trata, estilo “avestruz con la cabeza en la arena”, o “pensamiento mágico”, de no ver. Sí existe un verdadero peligro de perder gran parte de lo avanzado, a pesar de grandes tropiezos y altibajos, durante todos estos últimos 27 años. En gran parte porque eso está alimentando además una “espiral mental negativa”, según la cual todo estaría mal y hecho un desastre, y podríamos terminar con la llegada al poder de algo peor como lo anotó acertadamente Carlos E. Paredes en una columna en Gestión hace unas semanas. Por otro lado, la tarea que tienen por delante el Ministerio Público y el Poder Judicial es absolutamente titánica, y tiene que poder hacerse de la mejor manera, sin dar lugar a cuestionamientos posteriores que debiliten a la lucha anti-corrupción o a acciones que provoquen innecesariamente quiebras y rupturas de la cadena de pagos. Es urgente asistencia internacional de altísimo nivel para hacer frente a esta crisis, tenemos que ser humildes, solos no podemos. Entonces repito la propuesta: que el Presidente de la República, el del Ministerio Público y el del Poder Judicial pidan conjuntamente a las Naciones Unidas la creación de una entidad similar al CICIG en Guatemala para apoyar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Algunos podrían alegar que eso sería una “pérdida de soberanía”: en realidad son pretextos que sonarían igual a lo que dicen los peores regímenes cleptocráticos y autoritarios cuando quieren seguir haciendo lo que les da la gana impunemente. ¿Acaso “pierden su soberanía” Estados que admiten fácilmente verdaderos observadores internacionales en sus elecciones o que tienen instancias supranacionales para ciertos temas como en Europa o que recurren sinceramente a organismos internacionales reconocidos para resolver una seria crisis interna o bilateral? Al contrario, es un signo inconfundible de cierta madurez institucional o de voluntad de llegar a ella si todavía no se la tiene”.

Bueno, a estas alturas, vistos los últimos acontecimientos que muestran un acelerado deterioro en pocos meses, ahora pensaría que sólo el Presidente de la República está en posición de pedirlo en serio; espero equivocarme.

En cuando al CNM, un gran especialista hizo excelentes propuestas sobre su designación; pero su supuesto central es que no todas las instituciones ahí mencionadas podrían estar “copadas” al mismo tiempo. A la luz de ciertos episodios no tan lejanos, y de ciertas realidades, no comparto ese optimismo, creo que sí pueden serlo, es más, una vez designados para ese rol, serían inmediatamente objetivos prioritarios de copamiento. Como tuve la oportunidad de mencionarlo en el mismo post, me parece mucho más prudente y sostenible un sistema donde los que designen a sus miembros sólo sean representantes de entidades de la sociedad civil de comprobada independencia y calidad de lucha contra la corrupción y en favor de la seguridad jurídica. Reconozco que es una propuesta bastante inusual y extrema, basada en un análisis muy pesimista de nuestra vulnerabilidad institucional real…y en la observación de que, si en ciertos índices internacionales se nos coloca prácticamente en los últimos lugares, no es por nada.

Un tema adicional: con unas elecciones clave ad portas, la ONPE también debería ser declarada en emergencia total, a menos que se quiera que luego de las elecciones regionales y municipales, tengamos aún más regiones, provincias y distritos en manos de mafias regionales y/o locales, acelerando el proceso de feudalización/balcanización del país. E insisto: viendo la situación actual real del país, la prohibición del financiamiento privado de las campañas electorales debería ser absoluta.

Otro: la comisión de reforma del sistema judicial es muy honorable, pero tiene poco tiempo para trabajar. Una sugerencia, y con una lógica que además evita caer en el “complejo de Adán”; ¿no existían ya las propuestas de la CERIAJUS, que han sido ya consideradas de manera casi unánime como excelentes?

En cuanto a las ideas que circulan acerca de buscar el adelanto de elecciones legislativas, a través de varios mecanismos, me parece que más vale ser prudentes al respecto. El riesgo de terminar con una situación aún peor, viendo la tendencia de gran parte de nuestro electorado a votar por gente comprobadamente corrupta, para lamentarlo después, es real. Es la triste realidad: se diría que se ha generalizado y arraigado una “cultura anti-valores” en el país, que premia la “pendejada”, y es un fenómeno relativamente nuevo; muchos empresarios, tradicionales y emergentes, y aún mucho más votantes, de todos los segmentos socio-económicos, deberían mirar su propio comportamiento. No parecen hacer el nexo con la inseguridad jurídica ni con la inseguridad a secas. Llama la atención esa contradicción con la supuesta indignación frente a la corrupción, contradicción bastante esquizofrénica, pero ahí está, desgraciadamente. El problema es que, en este asunto, el Perú se está jugando más que nunca el futuro, la corrupción ya no es solamente un tema de pérdida de ingentes recursos públicos, de espantosa injusticia social, y de capacidad de desarrollo de largo plazo, se ha vuelto además un tema de seguridad nacional. ¿Y si no queda otra opción? Esperemos que no se llegue a ese extremo.

En cuanto a los llamados a cambio de Constitución…ya estamos en el campo de otras agendas que nada tienen que ver con la lucha anti-corrupción, sean interesadas o de naturaleza ideológica o jurídico-filosófica. No creo que se necesite para nada en este tema, salvo uno que otro ajuste a la actual como ya se ha efectuado antes (la bicameralidad, bien concebida, puede ayudar mucho, por ejemplo); el problema está más en el sistema electoral, y hay cambios que pueden hacerse por Ley. Sólo introducen ruido y confusión respecto de los objetivos más urgentes a lograr en cuanto a lucha anti-corrupción, y demasiados riesgos inútiles.

Hemos tenido grandes jueces de primerísimo nivel en el pasado, como Domingo García Rada. Actualmente se ve a ciertos jueces y fiscales jóvenes mostrando una gran vocación por su trabajo y mucho coraje. Hay cada vez más gente que reacciona con fuerza ante lo que sucede. Gente comprometida hay, soluciones, hay. Aunque esto parezca una larga carrera cuesta arriba, lo peor que se puede hacer es caer en la desesperanza, con los resultados que conocemos para nuestro hermano país. Mis análisis que pueden parecer pesimistas son antes que todo un llamado a la lucidez, por dura que sea, que es la que mejor permite calibrar las acciones a tomar, y a no subestimar las amenazas y vulnerabilidades, ni sobre-estimar las propias fuerzas con un orgullo y soberbia engañosos, debilidades frecuentes en nuestro país; en términos militares, más vale darse cuenta a tiempo de que en un flanco el enemigo tiene una superioridad de 4 a 1 o de que no se tiene suficiente munición, y tomar las medidas correctivas necesarias aunque sea a la carrera e in extremis. En lo que sí soy optimista, es que, en este país, aunque tome años, SÍ SE PUEDE. El Estado fallido y/o mafioso no es un destino inevitable. Así como el país logró salir en el pasado de hoyos aún más profundos. FELIZ 28.