Luego de haber visto la perspectiva de las empresas no financieras así como la gestión del riesgo socio-ambiental por ellas, veamos en qué medida este riesgo es un componente  importante en el análisis del riesgo país. Los enfoques varían según se trate del inversionista o del banquero que le presta, o del país donde se invierte.

 El enfoque de los inversionistas y de los banqueros

 Ya hemos adelantado una noción de cómo lo pueden ver los bancos. Para ellos, cuando no están basados en el país de destino del préstamo, la perspectiva es relativamente simple: de manera general tienen límites país que de todas maneras condicionarán los préstamos que hagan.

 Algunos son más sofisticados, y tendrán políticas de priorización muy claras al interior de los límites fijados. Y justamente el riesgo socio-ambiental puede tener un impacto en esa priorización, haciendo que prefieran no utilizar esos límites para créditos a actividades fuertemente expuestas al riesgo socio ambiental. Incluso pueden ir más lejos. Si un país les parece demasiado expuesto a dicho riesgo, pueden preferir tener límites relativamente bajos sobre ese país, independientemente de las notas que les pongan las clasificadoras internacionales.

 En cuanto a las empresas inversionistas (me refiero aquí únicamente a los que invierten a largo plazo en los proyectos mismos, no a los que sólo son “inversionistas de portafolio”), su grado de aceptación o de aversión al riesgo va a estar muy influenciado por el rubro de actividad en el que se encuentran. Por ejemplo, es conocido que las grandes empresas mineras, petroleras y gasíferas, que por definición manejan una cartera de inversiones en dichas actividades extractivas aceptan un nivel de riesgo relativamente más elevado; la naturaleza misma de su actividad, que incluye a la exploración y explotación de yacimientos, hace que están dispuestos a trabajar en países “muy difíciles”, por razones de rentabilidad mayor de los proyectos. Y saben que están tomando un riesgo socio-ambiental. Pero aún así, hay límites a su “apetito por riesgo”: si hay demasiados conflictos socio-ambientales en un país, aún cuando no ha sido directamente afectado, un grupo puede decidir que es mejor no invertir en dicho país.

 En cambio los grupos industriales lo pensarán dos veces antes de invertir en un país considerado difícil en general, independientemente de si está muy expuesto al riesgo socio-ambiental o no. En general preferirán poner la planta industrial prevista en un país más fácil, tomando en cuenta numerosos factores o variables. Ello no quiere decir que el riesgo socio-ambiental no sea un factor considerado: puede ser un agravante que puede llevar a la decisión de no invertir en un país.

 Cómo el riesgo socio-ambiental puede afectar a la nota de un país

 Aquí damos la perspectiva de las clasificadoras, que es la que el país en cuestión debería tomar en cuenta también para tomar acciones de gestión.

 El riesgo socio-ambiental, aún cuando no sea generalizado, y esté afectando sólo a ciertos proyectos de gran tamaño, puede a la larga tener un impacto muy negativo en la nota internacional de un país. Ello por varias razones:

 . la paralización y cancelación de proyectos, trátese de muchos pequeños y medianos o de algunos grandes, repercute negativamente en el PBI, y por ende en la creación de empleos y en la caja fiscal; básicamente los indicadores macroeconómicos se vuelven inferiores a lo que hubieran podido ser, o en casos extremos, se deterioran de manera notable. Y se puede generar un círculo vicioso: como el país va sufriendo rebajas en sus notas, de manera general, muchos inversionistas extranjeros terminan alejándose, e incluso inversionistas nacionales consideran que el entorno macro interno se ha vuelto desfavorable, y por un juego normal de expectativas, empiezan a invertir menos. Es decir, el riesgo socio-ambiental, a partir de un cierto nivel de materialización, se puede transformar en un factor clave del empobrecimiento de un país. A veces una simple demora termina por convertirse de facto en paralización: si no se ha empezado la inversión en momentos de precios favorables, después puede ser demasiado tarde, “se pasó el tren”, el mismo grupo inversionista ya no está interesado porque los precios están demasiado bajos, los proyectos ya no son vistos como suficientemente rentables o son vistos como generadores de futuras pérdidas. Es una respuesta posible a la observación según la cual algunos están “demasiado apurados” como lo mencionaba la funcionaria canadiense que cité en el primer post de este mes; y en países de institucionalidad débil, ese “apuro” puede ser mayor, porque el tiempo mismo se convierte en un factor de riesgo mucho mayor, por la mayor precariedad de las situaciones.

 . esa paralizaciòn y cancelación de proyectos, al extenderse, puede afectar gravemente también al frente externo, si se trata de actividades esencialmente exportadoras; el país exporta menos y empieza a tener un déficit creciente de la balanza comercial, y de ahí también de cuenta corriente, lo cual siempre es mal visto por las clasificadoras internacionales y otros especialistas en calificación de riesgo país; y de esa manera el país puede ver también bajar su nivel de reservas internacionales de divisas. Es decir, también se obtendría un deterioro de los indicadores del “sector externo”, lo cual genera los mismos efectos ya mencionados para el impacto en el PBI: rebaja de la nota país y menor inversión extranjera, con posibilidad de contagio a la nacional.

 Los movimientos radicales cuyo objetivo, por su misma ideología, es llegar al poder para conservarlo indefinidamente, lo saben muy bien: por eso se ve siempre el mismo patrón de conducta, que consiste en buscar exacerbar los conflictos potenciales o existentes (“agudización de las contradicciones” en su jerga) o en crearlos a partir de la nada ahí donde la situación estaba tranquila, un poco como el personaje de una de las historias del cómic francés Astérix (“La Cizaña”). Cuando intervienen en un conflicto existente, o creado por ellos, su objetivo no es encontrar soluciones, es empeorar la situación con demandas imposibles de satisfacer y un máximo de muertes, para lograr la destrucción del proyecto tomado como “blanco”; y más allá, cuando extienden su acción geográficamente, es la destrucción de la economía del país, su empobrecimiento generalizado. ¿Es ello un comportamiento “irresponsable”? Pues desgraciadamente no: su objetivo es la destrucción del sistema imperante y del Estado que lo representa, para crear las condiciones sociales y políticas para que ellos puedan un día tomar el poder, sea por la violencia sea inicialmente a través de elecciones; cuando no recurren al terrorismo abierto es porque no les conviene. Al contrario, saben muy bien lo que hacen, con una visión de largo plazo; están haciendo lo que saben hacer y lo que quieren hacer. Además, a algunos de esos grupos, por su ideología, poco les importa que la economía funcione bien, lo esencial es, si llegan al poder, el control político y social total sobre la población; o si les interesa el funcionamiento de la economía será para ponerla al servicio de una ideología que glorifica la guerra o el desarrollo acelerado bajo el control total del Estado, como lo hizo Stalin. La Historia está llena de casos en que grupos con ideologías radicales llegaron al poder gracias a crisis económicas y sociales, siendo los más conocidos los Nazis en Alemania y los Bolcheviques en Rusia. No les puede ir bien en un país al que le va bien.

 Por supuesto, este tipo de grupos no están concentrados en los conflictos socio-ambientales, su objetivo es asegurarse de que los haya en todos los ámbitos hasta llegar a la ansiada conquista del poder; pero los problemas socio-ambientales les interesan mucho porque les dan grandes oportunidades de acción con un máximo de efectos; es un ámbito de acción relativamente nuevo para ellos, pero muy fructífero como se ha podido observar; sobre todo cuando hay gente que por su accionar y actitud, parece realmente ”servírsela en bandeja”.

Son así un factor clave de riesgo socio-ambiental y al mismo tiempo de riesgo paìs. Al mismo tiempo, hay que saber no confundirlos con otros grupos no violentos que proponen otros modelos de desarrollo, y tampoco con las reacciones espontáneas de rechazo debidas a factores diversos, que pueden tener como factor agravante una mala gestión inicial del riesgo socio-ambiental.

 ¿Qué pueden hacer los Estados para que el riesgo socio-ambiental no se convierta en un factor de deterioro del riesgo país?

 Por lo que se ve en la práctica internacional, hay diferentes maneras de evitar que se genere dicho riesgo, o de hacer que se quede dentro de límites “tolerables”. Tratando de ser breves para dar una idea del conjunto de soluciones que se pueden usar y combinar:

 . asegurarse de que las empresas inversionistas tanto extranjeras como nacionales gestionen bien el riesgo socio-ambiental, a través de regulaciones u otras técnicas (tratando de evitar la sobre-regulación, que también puede tener efectos paralizantes)

 . gestionarlo bien ellos mismos (el orden empieza por casa): las empresas estatales deberían gestionar bien esos riesgos, no ser un factor de creación de problemas a futuro; si hay pasivos ambientales que generan amargura causados por acción o inacción del Estado, este debería tomarlos a su cargo

 . ser un Estado presente que hace su trabajo en todo el territorio, brindando servicios adecuados a toda la población, por muy alejada que esté; eso de dejarle el trabajo a los inversionistas es una mala práctica, pues se genera expectativas indebidas en cuanto a lo que pueden brindar; no están ahí para reemplazar al Estado

 . usar las técnicas más avanzadas de “ordenamiento territorial”, como las que vienen de Francia y de Alemania; esto no consiste en decir simplemente “aquí no se hace esto o lo otro”, como algunos quisieran hacer creer, es algo mucho más sofisticado, que tiene que ver más con el máximo aprovechamiento de las posibilidades del territorio, pero haciéndolo de manera armoniosa con el medio ambiente y tomando en cuenta objetivos de desarrollo y articulación nacionales (el tema de las infraestructuras es uno de sus aspectos clave), sin que sea un pretexto para hacer lo que se quiere de un pedazo del territorio nacional con una lógica de tipo feudal (imaginen un ordenamiento territorial “regional” en manos de una mafia ligada a los intereses de la minería ilegal, o de la tala ilegal, o del narcotráfico, o del “cemento por doquier” para maximizar las coimas).

 . tener buenos equipos de negociadores y de resolución de conflictos (propios y/o consultores); un Estado moderno no puede privarse de este tipo de personal; cuando hay gente que obtiene buenos resultados, hay que saber conservarla; cuando se tiene una institución de tipo “ombudsman” (como la Defensorìa del Pueblo) hay que saber tomarla en cuenta

 . disponer de excelentes servicios de inteligencia tanto estratégica como operativa, que sepan detectar a tiempo los conflictos potenciales, así como a los grupos interesados en aprovecharlos, para poder tomar las acciones preventivas apropiadas; y que sepan no confundir los diferentes tipos de grupos (màs importan los actos que las etiquetas: la presencia multi-geografica y el uso de mentiras y exageraciones para azuzar a la población son criterios de detección), ni las reacciones espontáneas con las “planificadas” (fuente de errores fatales; hay pobladores con intereses y preocupaciones legìtimos muy concretos: no son lo mismo que grupos con objetivos de destrucción, sean ideológicos o ligados a actividades ilegales o al uso de prácticas extorsivas para favorecer negocios privados locales)

 . tratar con respeto a la diversidad cultural; caer en la intolerancia en este tema es, además de moralmente muy cuestionable, una pésima práctica y puede ser causa de serios problemas a futuro (que otros sabrán aprovechar…); desgraciadamente aquí muchos círculos están aun muy atrasados al respecto.

 Conclusión:

 Como ven, no se trata de un tema simple, y la relación del riesgo socio-ambiental con el riesgo país puede ser fuerte en países con elevados niveles de pobreza y con fuertes debilidades institucionales.

Y el deber de un Estado es gestionar bien el riesgo país propio, con todas sus aristas, evitando hacerlo desde un punto de vista estrictamente economicista.