En los últimos años, la actualidad en nuestro país y en numerosos otros países ha llevado a que el fenómeno creciente de conflictos llamados “socio-ambientales” sea muy conocido y objeto de apasionados comentarios, en los que muchas veces se nota consideraciones ideológicas a favor o en contra de los “actores enfrentados”. En medio de este ruido a veces ensordecedor, y aunque no sea fácil, no vendría mal tener una mirada más técnica, con un enfoque de gestión de riesgos. Es lo que trataremos de hacer acá.

Aproximándose a la noción de riesgo socio-ambiental

 La expresión “socio-ambiental”, al ser compuesta, nos obliga a intentar distinguir ese tipo de riesgo de otros que podrían confundirse con él.

 El riesgo social, para una empresa, se manifiesta a través de diferentes maneras: el más conocido históricamente es el de las huelgas. Pero también puede venir de fuentes externas a la empresa. En la experiencia internacional tenemos un excelente ejemplo industrial: hace unos años, cuando el conglomerado indio Tata quiso construir la fábrica de su pequeño modelo de automóvil Nano en el estado de Bengala Occidental, se encontró con la oposición de los agricultores de la zona, los cuales, para resumir, o se oponían radicalmente a las expropiaciones, o buscaban obtener un mejor precio por sus tierras. Resultado: Tata Motors no abandonó el proyecto, terminó haciéndolo en el pujante estado de Gujarat, entonces gobernado por el actual primer ministro Indio, Narendra Modi, siendo acogido con los brazos abiertos.

 Vemos aquí una forma muy frecuente de riesgo social: el rechazo radical de la población de la zona, o el condicionamiento por su parte a recibir mayores beneficios (mejor precio por los terrenos, garantías de recibir empleos locales, o contratos como proveedores, “aportes sociales” adicionales). Esto puede dejar a una empresa sin poder desarrollar su proyecto o con el riesgo de incurrir en sobrecostos potenciales que puedan terminar igualmente con el abandono del proyecto, al verse amenazada la viabilidad económica. Es un riesgo considerable para la mayoría de las empresas: no todos pueden hacer como Tata Motors, llevar el proyecto a otra parte de un país suficientemente grande, o como grandes grupos internacionales que simplemente escogerán hacerlo en otro país.

 El riesgo ambiental presenta para una empresa diferentes facetas: puede resumirse en el riesgo de provocar daños ambientales que le den mala reputación (riesgo reputacional) y/o el riesgo de recibir multas por la parte de reguladores o de verse envuelta en largos juicios que dan lugar a enormes pagos por daños y perjuicios. Los ejemplos abundan: los derrames petroleros, como el del grupo BP en el Golfo de México, el accidente de la central nuclear de Chernobyl, fábricas que explotan y sueltan gases venenosos. Acá también tenemos casos muy conocidos.

 Hubo un tiempo en que para las empresas los principales riesgos eran el reputacional, así como el de verse llevados a juicios multi-millonarios. Pero en muchos países, durante mucho tiempo, al no dársele mucha importancia al tema ambiental, a las empresas que contaminaran incluso gravemente, no les pasaba nada, pues además no había regulaciones al respecto, como lo recordó hace poco uno de nuestros directivos petroleros privados más experimentados. Conforme se fue introduciendo la mayor conciencia de los problemas ambientales, aparecieron regulaciones estatales, cuyo incumplimiento  empezó a generar multas diversas o el esfuerzo por cumplir normas llevó a costos o demoras adicionales en los proyectos (riesgo de cumplimiento).

 El riesgo socio-ambiental es más complejo aún: para resumir, combina los dos riesgos. Y hay varias combinaciones posibles:

 . rechazo de la población a un proyecto empresarial en razón de un mal historial de la empresa en materia de pasivos ambientales, o incluso, aunque no lo tenga, por los temores a sufrir daños ambientales que afecten la salud o las actividades económicas de los pobladores (el conflicto resultante es así de naturaleza diferente del que deriva de la rivalidad entre dos tipos de actividades económicas, como los históricamente tradicionales entre agricultores y ganaderos)

 . en vez de un rechazo, el condicionamiento por la población a que la empresa “compense” el daño ambiental potencial mediante aportes sociales adicionales, contratación de mano de obra local y de proveedores locales. En este caso, a veces uno puede darse cuenta de que el riesgo no es propiamente socio-ambiental, aunque lo parezca, el tema es antes que todo social, es un conflicto por la “repartición de la torta” como lo expresan algunos especialistas

 . a veces se puede ver a autoridades locales exigiendo contribuciones adicionales que contribuyan a su propia popularidad, lo que podría verse como una forma de extorsión; se ha visto acá como se vio en algunas zonas de Indonesia cuando empezó su proceso de descentralización en medio de las secuelas de la crisis de 1997-98 (autoridades que “crearon” tributos locales, usando a la población como “fuerza de choque” para paralizar a la empresa hasta que “pague”). Y ya hemos visto que a veces hay extorsión directa (para los bolsillos del funcionario) bajo la amenaza de azuzar a la población.

 Y por supuesto, en nuestro país tenemos numerosos ejemplos. Pero se trata en realidad de un fenómeno mundial, debido  a una mayor conciencia de los temas ambientales y de los de “repartición de beneficios” por parte de poblaciones antes pasivas, que ni siquiera es exclusivo de países pobres o emergentes: en Francia se generó hace poco un conflicto por el rechazo de la población local a la explotación de un yacimiento de gas de esquisto mediante la técnica del “fracking” (ahora prohibida en Francia, Bulgaria y varios Estados norteamericanos). Es también muy conocido el problema de Chile con ciertos proyectos hidroeléctricos en el Sur. Así como el que tuvo una empresa papelera uruguaya con la población argentina situada al otro lado del río.

 La gestión de este riesgo por las empresas

 Voy a empezar con un ejemplo muy ilustrativo, que pude conocer de manera bastante directa. Existía en Indonesia una empresa muy exitosa, llamada Indorayon, que emitía títulos en el exterior, y que producía pulpa de papel, actividad que puede ser altamente contaminante. Pero esta empresa tenía certificaciones ambientales que la ponían aparentemente fuera de peligro. Llegó la crisis del 1997-98, y empezó con la caída del régimen de Soeharto algo extraño: camioneros que llevaban insumos o querían sacar la producción empezaron a ser atacados, e incluso asesinados. La empresa terminó sufriendo por parte de la población cercana un bloqueo total, siendo acusada de contaminar un lago llamado Toba. Los esfuerzos del grupo propietario de la fábrica por ganarse a la población no funcionaban, y la empresa quebró. Con el tiempo y la nueva libertad de prensa fue apareciendo un terrible pasado, que también salió en la prensa financiera anglosajona: la fábrica se había construido a pesar del rechazo de la población local, impuesta por la fuerza de un régimen de facto, con el correr de no poca sangre. En realidad, las comunidades de la zona “se la estaban cobrando” a la empresa; el motivo principal era la venganza, así de simple; difícil negociar algo en esas circunstancias.

 Este es un buen ejemplo de lo que nunca será una buena técnica de gestión del riesgo socio-ambiental: imponer un proyecto a la población afectada por la fuerza, y peor aún aprovechando un régimen autoritario. Los regímenes políticos no son eternos. Cuando se usa la violencia de manera directa o indirecta, como manera de gestionar el riesgo socio-ambiental, se va creando problemas a futuro que podrían volverse incontrolables.

 Otra mala práctica de gestión del riesgo, menos violenta, pero que también puede crear problemas reputacionales así como agravar conflictos a futuro, es el recurrir al lobby agresivo, o a la corrupción para obtener más fácilmente autorizaciones administrativas que luego podrían ser cuestionadas técnicamente.

 Hace tiempo que muchas  grandes empresas en el mundo gestionan el riesgo socio-ambiental de manera más estructurada, mediante diferentes técnicas o buenas prácticas:

 . primero que todo, reconocer ese riesgo como muy real, y no como un tema secundario, que se puede tratar a la ligera. En la IMMA, una federación minera internacional, se considera que un proyecto debe ser viable por supuesto en lo técnico, en lo económico-financiero, pero también en lo ambiental, y en lo social. O sea el análisis de riesgos, que deben identificarse y luego tratarse, debe incluir a las dimensiones ambiental y social. Eso es algo que se hace en el sector manufacturero moderno también.

 . para los riesgos ambientales stricto sensu, disponer de especialistas en la empresa que los identifiquen, los valoren, emitan recomendaciones para su gestión (incluyendo medidas estrictas de prevención y estándares internos y/o externos) y los monitoreen; es decir una verdadera gestión continua del riesgo, usando herramientas de emisión de gases, de monitoreo de efluentes, y teniendo dispositivos de gestión de crisis en caso de accidentes, etc.

 . en lo que respecta al consentimiento de las comunidades potencialmente afectadas, tener un enfoque muy proactivo y paciente, desde las etapas más tempranas de un proyecto, buscando tejer alianzas con las autoridades nacionales y locales para que apoyen el entorno del proyecto (como infraestructura vial), e informar de manera muy sincera y completa a las comunidades no sólo sobre los beneficios que el proyecto traerá sino también sobre los impactos posibles y cómo serán mitigados, aparte de comunicar lo que se hará para no dejar pasivos ambientales ni algo totalmente vacío cuando se acabe el ciclo de vida del proyecto, no dudar en trabajar con consultoras y ONGs técnicas especializadas (que las hay) no sólo para consulta inicial sino para generar además mecanismos de monitoreo independiente, ser inclusivos, lo que significa no olvidar a los que tendrán impactos indirectos así como tomar en cuenta los aspectos culturales (tener operadores que hablan el idioma local es un gran “plus”), ser muy abiertos en la negociación de los beneficios pero dejando claro que hay temas que son de responsabilidad del Estado y las autoridades (la empresa no lo puede hacer todo y debería evitar generar expectativas desmesuradas), tratar de formalizar los acuerdos…

 . no olvidar que el esfuerzo debe ser continuo y sostenible en el tiempo: no basta con haber obtenido el consentimiento al comienzo, se tiene que mantener un diálogo constante de buena fe, acompañado por mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, lo cual permite más fácilmente hacer luego frente a situaciones de accidentes ambientales, algo que siempre es posible por más precauciones que se tome. También permite enfrentar con más éxito a las tentativas de sabotaje y desestabilización que elementos externos ideologizados siempre buscan llevar a cabo, o simples irresponsables o individuos delincuenciales que buscan un beneficio colateral personal (otros riesgos que deben ser bien “mapeados”: no hay que hacerse ilusiones al respecto). Muchos olvidan este aspecto de sostenibilidad: logran obtener la aceptación local, y luego no se ocupan más del asunto, cuando se trata de una relación dinámica, que evoluciona y puede sufrir desafíos en cualquier momento.

 Conclusión:

 Hay numerosísimos ejemplos de éxito a nivel mundial, incluyendo a nuestro país. Un enfoque de gestión de riesgos estructurado y no sesgado por paradigmas antiguos que ya no volverán, es lo que se debe tener. Basarse solo en la Responsabilidad Social Empresarial tampoco basta: contribuye positivamente, por supuesto, pero es sólo un aspecto de la problemática. Hay grupos empresariales que incluso tienen unidades altamente especializadas de gestión de riesgos socio-ambientales.

 En un próximo post veremos la perspectiva del sector financiero.