Por Besly Muñoz, alumna de Derecho de la Universidad del Pacífico.

4.015 casos de violencia sexual, 37 feminicidios reportados, 43 tentativas y 5.381 alertas de mujeres desaparecidas en lo que va del 2023; estas son solo algunas de las alarmantes cifras que reporta la Defensoría del Pueblo.

Cada 25 de noviembre marca el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta fecha no solo es un recordatorio sombrío de la persistente violencia de género en todo el mundo, sino también es un llamado urgente a la acción. Es también una oportunidad para examinar cómo la sociedad contribuye a la perpetuación de conductas y el trabajo conjunto para erradicarlas.

La violencia contra la mujer no tiene distinción de edad, raza, religión o clase social; desde la doméstica, dentro del hogar, hasta el acoso callejero o la discriminación en los lugares de trabajo. Las mujeres enfrentan una variedad de formas de violencia en todas las etapas de sus vidas, por el simple hecho de ser mujeres. Se busca, entonces, una mayor sensibilización e impulso para poner este tipo de violencia en las agendas gubernamentales, con leyes, políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención.

Avances normativos en materia laboral:

Actualmente, existen avances normativos orientados a proteger a las mujeres en diversos ámbitos. Sin embargo, las barreras aún persisten, pues lo jurídico no es suficiente sin un plan de implementación oportuno, dotación de recursos, personal capacitado y voluntad política. La dependencia económica suele ser un factor predominante en los casos de violencia, es por ello que nuestro país, priorizando el ámbito laboral, impulsó nuevas leyes como:

• Ley N.º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que establece el derecho a no sufrir despido por causas relacionadas con los actos de violencia, a la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de dichos actos, al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de derechos remunerativos, categoría y/o horario.

• Ley N.º 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el lugar de trabajo, establece los procedimientos de prevención y protección que  toda empresa debe cumplir a fin de garantizar la seguridad del trabajador.

Asimismo, es importante promover un mayor acceso a ofertas laborales para las mujeres, reducir las brechas salariales, conciliar los roles de la mujer como madre y trabajadora, para que ello no limite su ascenso y desarrollo profesional. Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene la responsabilidad de priorizar estrategias de prevención, atender a las víctimas de violencia e incorporarlas en el mercado laboral, así como brindarles el resguardo y la permanencia en sus puestos.

El impacto en lo laboral y empresarial.

La violencia a las mujeres, puede tener grandes impactos en la productividad, pues pueden experimentar dificultades para concentrarse en sus tareas laborales, lo que podría resultar en una disminución de la eficiencia. Esta violencia lleva a que las mujeres vean limitado su crecimiento profesional, desde la reducción de su rendimiento, hasta la pérdida de sus trabajos. Las mujeres que sufren violencia pueden sentir la necesidad de abandonar su empleo para buscar seguridad y protección, lo que contribuye a la rotación de personal, aún más si se le suma la marginación o falta de apoyo en el lugar de trabajo con un clima laboral afectado por un ambiente tenso y hostil.

En ese sentido, es responsabilidad de las empresas mitigar estos impactos, implementando políticas claras contra la violencia en el lugar de trabajo, proporcionando recursos de apoyo a las mujeres afectadas y promoviendo una cultura de respeto e igualdad. De no hacerlo, las empresas podrían enfrentar riesgos legales al no proporcionar un entorno seguro, o no abordar adecuadamente denuncias de violencia.

El arraigado sistema de desigualdad de género y el acceso a la educación

La educación es la herramienta más poderosa para desafiar y cambiar las actitudes arraigadas que perpetúan la violencia de género. Sin embargo, las barreras que enfrentan algunas mujeres, desde niñas en el acceso a la educación, contribuyen a la deserción escolar.

Los tiempos cambian, pero las estructuras patriarcales perpetúan, estereotipos y normas de género perjudiciales persisten, la desigualdad de oportunidades basada en el género es un aspecto crucial en este grupo específico, pues no solo limita las oportunidades de las mujeres en diversos ámbitos, sino que también contribuyen a la normalización de la violencia. La problemática conlleva un círculo vicioso en el que, a  medida que las niñas abandonan prematuramente la educación debido a violencia, enfrentan una serie de barreras que limitan su participación en el mercado laboral y, en última instancia, contribuyen al crecimiento de la brecha salarial de género. En nuestro país existe además un factor cultural, arraigado en creencias antepasadas erróneas, en las que se ve adecuado que las mujeres posterguen sus metas para ser antes madres y esposas, en algunas zonas se reflejan ideologías machistas, que muchas veces generan violencia obligando a las niñas a dejar de estudiar para hacerlas esposas en matrimonio; posteriormente esta niña saldrá embarazada y limitará la construcción de su futuro esperanzador no por elección sino por obligación.

Un compromiso social:

Este día también es un recordatorio de nuestro compromiso social para crear un mundo donde las mujeres no tengan que temer por su seguridad, al salir a las calles, en sus hogares o en sus lugares de trabajo, donde la igualdad de género sea la ley y la violencia de género sea erradicada. Es deber del gobierno y las autoridades garantizar que las víctimas de violencia tengan acceso a la justicia de manera rápida y efectiva, que los perpetradores sean responsables de sus acciones, se debe prevenir, pero también mitigar.

Asimismo, se debe abordar el problema de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, y el laboral es esencial para construir empresas socialmente responsables. Su deber es implementar políticas y programas que promuevan un entorno de trabajo seguro y respetuoso, con personal capacitado y canales de denuncia seguros para la atención de casos, impulsar ofertas de apoyo y recursos a las víctimas, y promover una cultura organizacional que condene la violencia en todas sus formas.

Como sociedad, debemos enfrentar de manera activa estos desafíos, la violencia contra la mujer no es solo un problema de las mujeres; es un problema de toda la sociedad y erradicarla es nuestro deber.

Referencias:

• https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/02/Reporte-Igualdad-y-No-Violencia-36.pdf

• https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1141065

• https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H841372